Transversalización de derechos sociales con perspectiva transfeminista disidente
Por MatiVal Cortez
El 21 de diciembre pasado, la Superintendencia de Educación (SuperEduc) hizo el que será el único cambio durante la administración Piñera en la regulación del reconocimiento del proceso de tránsito de género de un estudiante trans en el sistema educativo chileno; algo que las organizaciones transfeministas venimos pidiendo desde el primer día de gobierno. El principal cambio consiste en permitir que, desde los 14 años, cualquier estudiante pueda exigir a su colegio que se reconozca su tránsito de género, de manera autónoma, sin conocimiento ni consentimiento de sus representantes legales (madre, padre o quien tenga su cuidado personal). Dicho de otra forma, un niñe trans ahora puede informar desde esa edad que es trans, sin haberlo conversado antes en su hogar o redes de cuidado, con lo que nacen una serie de obligaciones legales a las entidades sostenedores de los establecimientos educacionales (privadas o públicas), tales como el reconocer el nombre social y pronombres del estudiante, y permitir que use los baños y uniformes con los que más comodidad sienta.
En este punto, reafirmamos nuestra convicción de que no debe haber límite de edad para solicitar al sistema público cualquier modificación registral del nombre y género: esto ha sido promovido desde la misma tramitación de la actual ley 21.120 de identidad de género (LIG), la que sin embargo fue aprobada después de la publicación de la primera Circular 0768 de la Superintendencia de Educación (SuperEduc) sobre este tema, la que hasta diciembre exigía que siempre la solicitud de reconocimiento de la transgeneridad de un estudiante, debía ser hecha por su apoderade, a menos que fuera mayor de 18 años. Esto marcaba un contraste con los 14 años que estableció la LIG como límite de edad para el proceso judicial de cambio de nombre y género. Así las cosas, la Circular era más exigente que la Ley aprobada posteriormente, en circunstancias en que proteger el interés superior del niñe, reconociendo su autonomía progresiva, es una fórmula jurídica indispensable en el Derecho nacional e internacional en la materia. Por ende, lo mínimo que podía contener una reforma era el mencionado cambio en la edad de activación autónoma del reconocimiento formal en el ámbito educativo.

Si bien, la actualización de diciembre introducida por la nueva Resolución Exenta 0812 de la SuperEduc, también integra aspectos de la LIG -tales como el programa de acompañamiento y los principios expuestos en el artículo 5 (despatologización, confidencialidad, etc.)- ésta no llega a convertirse en un buen ejemplo de transversalización de los derechos sociales con perspectiva disidente. Esto porque omite innovaciones urgentes en la materia que permitan abordar situaciones como la rol de la escuela ante hogares no afirmativos o derechamente hostiles con el tránsito del niñe, el uso irrestricto del nombre social en las ceremonias de entrega de las licencias de 4o medio, la unificación de un estándar acerca de cómo incorporar el nombre social en los libros escolares y/o sistemas informáticos de escolaridad, que han proliferado desde la tragedia de la pandemia.
La SuperEduc, incapaz de leer la delicada situación de las estudiantes LGBTIQA+ en las escuelas del país, omite dichas urgencias. Con ello atrasa aún más los desafíos pedagógicos que son necesarios para instalar una noción de educación sexoafectiva que integre en sí, no sólo nuevos conceptos sobre identidades y deseo, sino que integre también la prevención de todos los tipos de violencia, discriminación o intolerancia en el aula, en la casa y en el pololeo; lo que a su vez también busca prevenir el suicidio por bullying, aislamiento o estrés escolar, o por violencia de género, cuyo abordaje es urgente ante la crisis global de salud mental.
Un análisis como el anterior permite que los posicionamientos transfeministas disidentes acerca de estas materias revelen la amplitud de los efectos positivos sobre la sociedad toda, de las reformas propuestas por las comunidades y organizaciones políticas de las disidencias sexogenéricas. Los que, por cierto, se extienden más allá de la población históricamente discriminada por su identidad. Dicho de otro modo, también la población cisheterosexual, y con más insolencia, hasta el mundo conservador, gozaría sin saberlo de una mejor calidad de vida por la realización de dichos idearios. A esto llamamos la “transversalización de los derechos sociales con perspectiva transfeminista disidente”.
Creemos que, por el potencial emancipador de estos planteamientos, es necesario instalarlos en los espacios de toma de decisión a nivel institucional, por sus efectos igualitarios sobre toda la sociedad, desde una ética del cuidado para la República paritaria y plurinacional que podremos aprobar en septiembre próximo; cuando volvamos a hacer campaña con la esperanza de dignidad para los pueblos. Así, la prevención integral de la violencia desde la primera infancia transformará nuestra convivencia a tal nivel, que impactará el imaginario de sociedad en el que nos queremos convertir. Constituye un planteamiento feminista esencial que se rebela de frente al orden social cisheteropatriarcal, desigual, racista y clasista que produce discriminación, pobreza y violencias sobre mujeres y disidencias, a través de la división sexual del trabajo, o de la invisibilización del trabajo reproductivo y de cuidados, a través de la cisheterosexualidad obligatoria y, por cierto, del binarismo de género.

El valor de la perspectiva transfeminista disidente florece en las cicatrices que deja el daño de este orden en nuestras comunidades, y que la intimidad de los afectos sana en forma de vínculos políticos en la calle, en la casa y en la cama. Es nuestra urgencia por vencer dichas violencias, para erradicar el daño sobre otras personas en nuestros mismos tránsitos, la que nos otorga la creatividad necesaria para que los movimientos sociales planteen aquellas soluciones poco previstas por la academia, e inimaginables para aquella parte de la elite política desconectada de nuestras narrativas ciudadanas ante la inoculación de prejuicios machistas o cisheteronormados. Y digo “soluciones” porque innovaciones en el reconocimiento del género de estudiantes trans, con un futuro respaldo, ojalá, constitucional de la educación sexoafectiva integral, preparan a todo el territorio hacia una convivencia más armónica, culturalmente enriquecida por la diversidad, que prevenga conflictos provocados por los problemáticos prejuicios inoculados desde la primera infancia por la tradición occidental, difundida por los medios hegemónicos y por el calendario cristiano de festividades que marcan nuestro ritmo social en cada vuelta a la estrella.
Fuera del ámbito educacional, también hay políticas feministas urgentes en el área de la salud que representan esta transversalización: por ejemplo, la prevención de embarazos no planificados emancipa a gestantes adolescentes con el aborto libre, seguro, legal y gratuito, una deuda que ve una luz de esperanza en lo recientemente aprobado por la Convención. Sin embargo, hay más políticas transversalizadoras posibles en salud: hace un tiempo, un activista seropositivo me explicaba el funcionamiento en otros países, de los centros públicos de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, que, al ser pensados como espacios arquitectónicamente sustraídos de hospitales de atención general, permite dotarle a sus funcionaries y a sus pasillos, un espíritu libre de prejuicios que se vuelve indispensable para cualquier persona que necesite hacerse desde un aborto a un examen de ITS, o que necesita desde preservativos hasta terapias antirretrovirales, y que no discrimine ni a migrantes irregulares ni a personas en tránsito de género ni a nadie. Así, la ciudadanía podrá sentirse dueña de esos espacios que probablemente casi todes deberemos habitar al menos una vez en la vida. Esto permite una construcción común de identidad que, pese a cruzarse con nuestros géneros u orientaciones sexoafectivas, va más allá de sólo eso y se cruza con el uso del espacio en la ciudad y las narrativas compartidas de una idea de salud de buena calidad para toda la población. Otro ejemplo es la creación del barrio trans en Argentina, como soluciones habitacional a un población trans siempre excluida del trabajo y, por ende, del sistema crediticio hipotecario y a la que también asiste el derecho humano a la vivienda.

Es previsible que quienes vamos a pujar por soluciones como las anteriores, probablemente vengamos de los movimientos feministas y disidentes, por nuestra dolorosa cercanía a las incomodidades de un sistema ineficiente e insensible, que insuman nuestros imaginarios de una futura dignidad en el trato, y que podemos convertir en una crítica holística a la dominación patriarcal que transversalice nuestra perspectiva para los derechos sociales que exigimos para el Nuevo Chile. Así, superamos el posicionamiento identitario, y expandimos nuestro ámbito de acción hacia los desafíos que plantea una ciudadanía politizada pero por sobre todo, expectante de lo que nos pueda ofrecer este naciente ciclo político. Es una oportunidad compartida la de hacer historia proponiendo estas reflexiones, pero requerirán la agitación constante de los movimientos que nos llevaron al poder institucional, para así remecer por ejemplo, a un Congreso polarizado o al primer gobierno de una coalición que añora hace décadas estar en La Moneda y que sin embargo, recién se está instalando. Es el tejido social en reconstrucción desde la revuelta, el que nos dará tanto el ímpetu como la fuerza y resistencia necesarias, para hacer frente a una década geopolíticamente compleja, pero a la altura de lo que nuestros pueblos anhelan para su intercultural historia en esta angosta faja de tierra, no en el fin de un eurocentrado mundo, sino en el inicio de lo que la misma colonización denominó Nuevo Mundo. Llegaron los tiempos de hacer nuestro, ahora, ese anhelado nuevo mundo.
MatiVal Cortez
Asesor legislative diputada electa Emilia Schneider (D10), activista génerofluide de OTD Chile, ex Encargade de Oficina de Diversidad y No Discriminación de Ñuñoa. Egresade de Derecho de la Universidad de Chile.