Por Marco Billi, Roxana Bórquez, Karen Ubilla, Valentina Barahona y Valentina Cariaga
Universidad de Chile, Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2

Algunos meses atrás, en este mismo Fanzine, explicamos por qué era fundamental asignar al cambio climático un rol más significativo en la forma en que planificamos la sociedad del futuro y, coherente con ello, colocarlo en el nuevo texto constitucional que se estaba escribiendo.

Tal como ahí explicamos, la evidencia científica muestra ya con total certidumbre que el cambio climático es real, ya está ocurriendo, y está aumentando a un ritmo acelerado, provocando variaciones en las temperaturas, las lluvias, el ritmo de las estaciones, y un aumento en las sequías, en los días de calor extremo, en las tormentas e inundaciones. El cambio climático es, en efecto, una de las principales causas de la megasequía que hace más de 10 años experimenta el Chile central. Millones de personas en nuestro país, y una parte importante de nuestros ecosistemas, están severamente amenazados por el cambio climático. En este contexto, tenemos que actuar de forma urgente y ambiciosa, porque no bastarán pequeños ajustes para adaptarnos al cambio climático y cuanto más esperamos para poner en acto medidas efectivas, más difícil y costoso será actuar. Por otro lado, perseguir una sociedad neutral y resiliente al clima también abre oportunidades para lograr un desarrollo más justo y sostenible para todos y todas, y así lograr una sociedad más digna, más equitativa, y más en armonía con el entorno natural y con las tradiciones culturales de nuestros pueblos originarios.

No será fácil, porque el modelo de desarrollo y de gobernanza que rige en Chile está lejos de lo que se requeriría para enfrentar el cambio climático: nuestra gestión es centralizada, poco atenta a las diversidades territoriales, poco participativa y transparente, no otorga bastante relevancia a la evidencia científica, es reactiva (está más preocupada de ‘apagar incendios’ que de prevenirlos) y está fragmentada en una multitud de agencias y normas que no hablan ni se coordinan entre sí. En ese contexto, varios actores desde la academia y la sociedad civil chilena avanzaron propuestas concretas para un texto constitucional que recoja de manera robusta e integral este desafío1.

Las y los Constituyentes no han sido sordos a estas demandas: ya el pasado 4 de octubre 2021, en efecto, el pleno del órgano se manifestó claramente sobre la importancia de avanzar hacia una constitución climática y ecológica2. Sucesivamente, muchas propuestas fueron avanzadas en esta dirección desde cada una de las 7 Comisiones que componían la Convención Constitucional, y fueron sometidas a debate. Y ahora que la fecha del Plebiscito se acerca, es el momento de hacer el punto de lo que quedó y de qué puede implicar para los esfuerzos en materia de cambio climático que nos depara el futuro.

1.-
Es deber de transparencia explicitar que quien escribe está entre los firmatarios de una de dichas propuestas, desde la cual se hacen las observaciones y reflexiones que vienen a continuación. Esa propuesta, que es fruto de un trabajo interdisciplinario del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, se puede encontrar aquí.
2.- Declaración Emergencia Climática. 27a Sesión Ordinaria de la Convención Constitucional, 4 octubre 2021. https://sala.cconstituyente.cl/

 

El proceso de escritura de una Constitución no es nunca fácil: como era de esperarse, hubieron vaivenes y controversias, y no todas las ideas que fueron sugeridas, claramente, llegaron al texto final, pero ahora que tenemos por fin en las manos el borrador de esta nueva Constitución, podemos decir sin sombra de duda que este representa un notable avance en materia ambiental y climática respecto de lo que teníamos anteriormente, un avance que promete abrirnos un camino hacia un nuevo Chile, más sostenible, justo, resiliente y preparado frente a las amenazas que supone el cambio climático.

Principios

El primer notable avance que vale destacar es la inclusión explícita de principios para la protección de la naturaleza y el medioambiente, los que deberán incluir, “a lo menos, los de progresividad, precautorio, preventivo, de justicia ambiental, de solidaridad intergeneracional, de responsabilidad y de acción climática justa” (art. 128). Esto es muy significativo en cuanto los principios deben entenderse como una inspiración transversal para interpretar los otros artículos del cuerpo constitucional y guiar las leyes y reglamentos que vendrán en los años siguientes. El concepto de acción climática justa en particular es novedoso y pionero a nivel mundial.

Derechos

Uno de los aspectos en que el borrador de nueva Constitución presta especial atención es la definición de un catálogo exhaustivo de derechos, incluyendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Art. 104), al aire limpio (Art. 105), al acceso a ecosistemas (At. 107), al agua y al saneamiento (Artt. 57 y 140), a energía accesible, asequible y segura (Art. 59), entre otros.

Asimismo, se establecen derechos propios de la naturaleza, referidos a que “se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad” (Art. 103). Esto es un avance fundamental en materia legislativa, ya que permite superar el sesgo antropocéntrico con el que siempre miramos a la naturaleza, y asegura una protección más efectiva y exhaustiva de la misma, tanto para su propio beneficio como para el nuestro.

Deberes del Estado y de los privados

En contrapartida a estos derechos, se indican deberes específicos para el Estado de asegurar que estos puedan hacerse efectivos y tutelados. En particular, en materia de cambio climático, la nueva Constitución supone un deber explícito del Estado de “adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica” (art. 129). Esto establece un mandato general para la administración pública que podrá fundamentar políticas y legislaciones más ambiciosas que nos permitan anticipar y manejar el cambio climático y los riesgos que este supone. En adición, se establece un deber general por parte del Estado de custodia sobre los bienes comunes naturales (Art. 134 y 136), como los mares, aguas, glaciares y humedales, los bosques, y la atmósfera, entre otros, lo que es fundamental por el rol que estos juegan en regular el clima u ofrecernos resiliencia frente a riesgos socio ambientales.

Por otro lado, aunque el Estado se sitúe como garante último de los derechos, no es el único que debe aportar en ello. En efecto, la Constitución también establece un deber para los privados de cuidado o restauración del medio ambiente: “Quien dañe el medioambiente tiene el deber de repararlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan conforme a la Constitución y las leyes” (Art. 128). Y simultáneamente, se establece que “la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos para proteger el medioambiente y la naturaleza” (Art. 106). Estos elementos son clave para garantizar la efectividad de la tutela de los derechos medioambientales.

Aerial landscape of tailing ponds for mineral waste in rural Utah, United States.

Acceso a la justicia y la participación

Un tema de importancia transversal para poder asegurar los anteriores derechos es el acceso a información, justicia y participación, todos elementos que en efecto están contenidos en el Acuerdo de Escazú, que Chile ha ratificado en mayo de este año. En esta línea, la Constitución declara, en primer lugar, el derecho a la participación efectiva, inclusiva y democrática (Artt. 152 y 153), y el acceso a información para poder hacer efectiva dicha participación (Art. 154). Y en segundo lugar, establece mecanismos especiales de acceso a la justicia en materia ambiental en la forma de los tribunales ambientales (Art. 333). Asimismo, establece que “Cualquier persona podrá exigir el cumplimiento de los deberes constitucionales de custodia de los bienes comunes naturales” (Art. 134, inciso 6).

Forma de administración

Finalmente, se establecen instrumentos especiales para poder implementar los mandatos anteriormente mencionados, por ejemplo, estableciendo la necesidad de implementar un ordenamiento y planificación territorial adecuada a las características y necesidades de los territorios, para lo cual, “utilizarán unidades de ordenación que consideren las cuencas hidrográficas” (Art. 197); un manejo de agua participativo, descentralizado e integrado, donde “la cuenca hidrográfica será la unidad mínima de gestión” y los “consejos de cuenca serán los responsables de la administración de las aguas” (Art. 143, incisos 1 y 2) y la definición de territorios especiales “en virtud de las particularidades geográficas, climáticas, ambientales, económicas, sociales y culturales de una determinada entidad territorial o parte de esta” (Art. 236). Estos elementos son clave para poder hacer concreta la acción del estado en las heterogéneas realidades territoriales de Chile.

Conclusión

Por las razones anteriormente mencionadas, consideramos que este texto es fundamental para dar a Chile las herramientas necesarias para prepararse ante los desafíos que nos depara el cambio climático y para avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo, sostenible y resiliente para todas y todos, y para todos los pueblos que viven en Chile. Es este el momento de hacer escuchar nuestra voz para no perder la oportunidad de otorgarle a Chile la Constitución que necesita, la Constitución que se merece.


Marco Billi, Economista, Magister en Análisis Sistemico aplicado a la Sociedad, Doctor en Procesos e Instituciones Políticas. Académico Universidad de Chile e Investigador (CR)2

Roxana Bórquez, Ingeniera en Recursos Naturales Renovables, Master en Gestión y Políticas Públicas, Doctora en Geografía y Estudios de Política. Investigadora (CR)2

Karen Ubilla, Ingeniera en Recursos Naturales y Master en Gestión y Políticas Públicas. Asistente de Investigación (CR)2

Valentina Barahona, Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Asistente de Investigación (CR)2

Valentina Cariaga, Administradora Pública y Licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales, mención Gestión Pública Instituto de Asuntos Públicos. Asistente de Investigación (CR)2

(CR)2: Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. FONDAP 15110009